Se ha publicado en el DOUE DE 11 de Noviembre de 2024, lo puede visualizar en el siguiente enlace:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-81667
o en PDF en: https://www.boe.es/doue/2024/2831/L00001-00026.pdf
Publicado en: «BOE» núm. 252, de 18 de octubre de 2024, páginas 133565 a 133569 (5 págs.) Sección: I. Disposiciones generales Departamento: Ministerio de Trabajo y Economía SocialReferencia:BOE-A-2024-21316Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/res/2024/10/15/(1)
«El pasado 18 de Julio de 2024, la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete dictó Sentencia estimando el Recurso de Suplicación interpuesto por este Despacho y reconociendo a una trabajadora una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual de limpiadora. Dicha Sentencia constituye otro éxito profesional de este Despacho en materia de Incapacidad, habida cuenta de la dificultad existente hoy día en el reconocimiento de incapacidades y más vía recurso ante un Tribunal Supremo.»
Reporteros Sin Fronteras avisa de que la libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes: las autoridades políticas.
El periodista Vito Quiles se ha querellado contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y pide 40.000 euros de indemnización por un delito de vulneración del derecho al honor, así como por un posible delito de amenazas.
Hay quienes creen que los años ayudan a mejorar, a aprender de los errores y avanzar, sin embargo, esta creencia no puede aplicarse en algunos apartados de la vida, o al menos eso nos demuestra la experiencia en el caso de la libertad de prensa, un derecho que, al avista de ciertos acontecimientos, puede estar sufriendo un cierto deterioro.
Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 publicada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), las presiones políticas están erosionando la independencia y la pluralidad del periodismo a nivel mundial, y España no es una excepción: “La libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes: las autoridades políticas”, afirma RSF.
Nuestro país ha conseguido en el último año subir seis puestos en este ranking, situándose en el 30º país con mayor libertad de prensa, sin embargo, RSF observa un deterioro preocupante del apoyo y respeto a la autonomía de los medios, así como un aumento de las presiones que ejercen los Estado u otros actores políticos sobre ellos. En este sentido, la organización ha indicado que, de los cinco indicadores que conforman la puntuación de los países, “el indicador político es el que más desciende en 2024, con una caída de 7,6 puntos”.
El indicar político, uno de los cinco indicaros que sirven para puntuar la libertad de prensa de los países, ha descendido 7,6 puntos en España en el último años, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 realizada por Reporteros Sin Fronteras. (Gráfica: Reporteros Sin Frontera).
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a acaparar la atención de los medios de comunicación, esta vez por un mensaje que escribió desde su cuenta personal de X (antes Twitter) al periodista español Vito Quiles.
La disputa entre el ministro socialista y el reportero —afín a una ideología de derechas—, se remonta días atrás cuando Quiles comunicó en redes sociales que un vehículo que estaba mal aparcado en las inmediaciones del campo Santiago Bernabéu era del ministro Puente. El periodista difundió imágenes del vehículo, un coche oficial, afirmando que el político lo había usado para ir al concierto que la cantante Taylor Swift estaba dando en el estadio del Real Madrid.
El ministro lo desmintió públicamente, sin embargo, Quiles difundió este pasado domingo, 16 de junio, en su perfil de X, una imagen del mismo coche en otro acto del ministro, afirmando el periodista que él no había mentido y que ese era el vehículo de Puente. A lo que el ministro le contestó: “Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro”.
La respuesta del ministro ha provocado la reacción de muchas personas, no solo de usuarios en redes sociales, también de los grupos políticos. El líder de Se acabó la fiesta (SALF), Alvise Pérez, manifestó que si Sánchez no hacía dimitir a Puente “se entenderá el grado de putrefacción de este sistema criminal”; mientras que Vox ha calificado de inaceptable que un ministro insulte públicamente a un periodista, llamando a Puente “matón al servicio del tirano Sánchez” y afirmando que “este Gobierno pretende pasar una apisonadora a todo lo que no controla”.
Mientras que el Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro para «recuperar un mínimo de dignidad democrática» en nuestro país; por su parte, el Partido Socialista ni ningún miembro del Ejecutivo se han pronunciado aún.
El propio receptor del improperio, Quiles, compartió en sus redes sociales la respuesta que había recibido por parte de Puente y manifestó: “Primero el presidente pide acabar con la impunidad de medios de comunicación que son críticos con él. Después un ministro suyo me amenaza con ‘pagarlo caro’ por publicar una información. Esto no es una democracia”.
Asimismo, el periodista anunciaba que había pedido amparo a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) tras “haber recibido amenazas gravísimas de un ministro de España” y que a partir de este momento, si sufría cualquier ataque los responsables serían el ministro y el Gobierno.
No obstante, al día siguiente a realizar dicha petición de amparo, las asociaciones anunciaban que rechazaban amparar a Vito Quiles “pese a la actitud reprochable del ministro Puente”, y ello porque “no es un periodista en activo ya que ha figurado como candidato en la lista de Se acabó la fiesta (SALF) al Parlamento Europeo”, manifestaba la FAPE en un comunicado publicado.
La reacción del periodista no se ha hecho esperar y ante la falta de amparo por parte de las asociaciones de prensa ha procedido a querellarse contra el ministro.
El medio de comunicación en el que trabaja el periodista afectado, EDATV.NEWS, ha tenido acceso a la denuncia presentada contra el ministro, en la que se subraya que Puente habría vulnerado el derecho al honor del Quiles, además de haber cometido un posible delito de amenazas contra él. Por ello, la defensa de Quiles exige que el demandado sea condenado a indemnizar a su cliente con 40.000 euros, así como que pida disculpas públicamente por las declaraciones realizadas y reconozca que vulneró su derecho al honor.
Cabe recordar que el artículo 18.1 de la Constitución Española “garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”; mientras que el Código Penal regula en los artículos 169, 170 y 171 el delito de amenazas, y en el artículo 208 el delito de injurias.
El letrado experto en derecho al honor David López-Royo, del despacho López-Royo Abogados, afirma a Economist & Jurist que, en su opinión, cree que el mensaje del ministro sí que supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor porque “la manifestación que hace es excesiva e innecesaria, va más allá de lo que es una mera crítica o desinformación en relación a lo que Vito Quiles publicaba”.
David López-Royo, experto en derecho al honor, señala que la manifestación realizada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible es «excesiva» y no estaría amparada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
El abogado aclara que los hechos no son “tan graves como para llevarlos por la vía penal, aunque sí por la vía civil”, ya que el tema de entrar en un insulto es lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera excesivo y más allá de lo que es una mera información, que es lo que ampara la libertad de expresión y la libertad de prensa.
“Por lo que cuando le llama ‘saco de mierda’ está totalmente fuera de cualquier información de relevancia o interés general”, afirma el letrado, “pues lo que no ampara la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es la utilización de expresiones injuriosas o innecesarias en relación con la opinión o información emitida”. “Cierto que a los políticos se les permite ‘casi todo’ en su libertad de expresión pero ello no puede suponer una ‘patente de corso’ para proferir insultos completamente gratuitos e innecesarios” afirma el letrado.
En este sentido, López-Royo recuerda el caso de la exministra de Igualdad, Irene Montero, y de la exsecretaria de este Ministerio, Ángela Rodríguez “Pam”, quienes llamaron maltratador a Rafael Marcos, y fueron condenadas por ello como autoras de un delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor.
Si se prueba que el ministro cometió el delito que se le imputa en la demanda, la condena que vendría aparejada sería la imposición de que eliminase el mensaje, que hiciese público el fallo judicial y rectificase sobre lo dicho, asimismo debería indemnizar económicamente al periodista.
“Además, dado que el mensaje ha llegado a una audiencia muy grande, al tratarse de una red social y de los personajes públicos que son, así como que ha tenido gran repercusión en medios generalistas, la indemnización sería cuantiosa”, afirma este experto, “posiblemente, se fijaría una cuantía parecida a la que se estableció cuando el caso de Montero”.
Por su parte, la abogada María Pastor, experta en derecho civil y penal en el despacho Vilches Abogados, considera que el mensaje del ministro no se juzgarían por la vía civil, sino por la penal, ya que en vez de un delito al honor, la letrada considera que podría haber cometido un delito de injurias.
“El derecho al honor se considera vulnerado cuando exponen información de la vida privada o datos de carácter privado sin el consentimiento de la persona afectada. Al tratarse de un insulto el realizado por el ministro, el juicio debería ir por la vía penal por un delito de injurias y calumnias, y en su caso, tal vez, por un delito de amenazas”, apunta Pastor.
Para el delito de injurias y calumnias la pena prevista es una multa de tres a siete meses, pero si incurre con publicidad, la pena se podría agravar hasta llegar a una multa de 14 meses. “En este caso sí que incurre con publicidad porque se trata de un ministro, una figura pública, por lo que cualquier cosa que haga o diga va a tener una repercusión mayor”.
La letrada María Pastor considera que la expresión usada por el ministro «saco de mierda» podría juzgarse por la vía penal por un delito de injurias y calumnias, con la agravante de publicidad.
En esta línea, el penalista Alfonso Trallero, de la boutique Trallero Abogados, afirma que el mensaje del ministro contiene dos circunstancias que podrían considerarse presuntamente constitutivas de delito: “Por un lado, el hecho de que se dirige directamente a Vito Quiles llamándole ‘saco de mierda’, lo que puede considerarse incluido en el artículo 208 del Código Penal como un delito de injurias”.
“El mensaje de Puente es un ejemplo perfecto de lo que jamás debe ser una comunicación pública, y menos de un ministro de España. Llamar a una persona ‘saco de mierda’ en un medio que es público como es una red social, sin duda constituye un delito de injurias”.
Respecto a la segunda parte del mensaje, cuando dice que va a encargarse personalmente de que lo pague caro, para Trallero constituye sin duda una amenaza: “Es un delito de amenazas leves, recogido en el artículo 171.7 del Código Penal”. No obstante, el abogado aclara que es cierto que hay que tener en cuenta que el delito de amenazas es “un delito especialmente circunstancial”.
Para este experto penalista, la cuestión aquí es que “se está atribuyendo de una manera directa a Quiles la advertencia por parte de no cualquier persona, sino por un ministro de España, quien tiene acceso a recursos y a potestades que el resto de ciudadanos no tenemos”.
En este sentido Trallero destaca que el hecho de que sea un ministro quien advierte que se va a encargar “personalmente” de que lo pague caro es algo grave: “No tiene la misma fuerza que un ciudadano sin ningún poder dentro del Gobierno diga que se va a encargar personalmente a que lo diga un ministro del país. Al haber un ministro por medio sí que creo que no cabe duda de que se está cometiendo un delito de amenazas”.
El penalista Alfonso Trallero cree que el ministro Puente no solo ha cometido un delito de injurias y calumnias, también un delito leve de amenazas.
Por otra parte, La Sexta adelantaba ayer que la Policía Nacional estaba preparando una denuncia contra Vito Quiles ante la Fiscalía por publicar en el mensaje que desencadenó la respuesta del ministro la imagen de un vehículo oficial con su respectiva matrícula, lo que supondría, según ese medio de comunicación, comprometer la seguridad de funcionarios gubernamentales y de la Policía “al revelar matrículas y detalles de operaciones de seguridad”.
No obstante, cabe recordar que aunque Puente afirmaba en el mensaje respondiendo al periodista que ese no era su coche, ni oficial ni personal, el ministro también dejaba claro que estaba difundiendo “la matrícula de un vehículo oficial”, por lo que identificaba claramente que ese coche se trataba de un coche policial.
Además, Puente, tras ese primer mensaje en X escribió en el hilo del mismo lo siguiente en alusión a Quites: “Mucho patriota que grita Viva La Policía y Viva la Guardia Civil, pero que le preocupa poco o nada la seguridad de los policías que van en ese vehículo jugándose la vida para defender la del gobierno democrático de su país”.
Por estas confirmaciones emitidas por el propio ministro en un intento de desmentir que el coche que le atribuía el periodista no era suyo, el Sindicato Unificado de la Policía Nacional en Baleares (SUP) ha reprendido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible al poner en peligro a los agentes tras revelar públicamente que, en efecto, el mencionado vehículo es un coche secreto de la Policía.
“Es usted quien ha revelado que puede tratarse de un vehículo policial. Esperamos que en el Ministerio de Interior tomen nota. Sobre el texto mejor no nos pronunciamos, o si, seremos educados, un ministro no debería expresarse así, este es el nivel” ha escrito el SUP en su cuenta de X, en respuesta al propio mensaje de Puente respondiendo a Quiles.
“El comentario del ministro en su perfil de X ha puesto en peligro la integridad de nuestros compañeros”, ha criticado el sindicato SUP Baleares, que recuerda que, de ser cierto que es un vehículo policial “este coche ya no se podrá emplear por motivos de seguridad gracias a este lumbreras”, a pesar de que “no nos sobran”.
Asimismo, desde le sindicato han pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que tome represalias contra Puente por relevar esa información y exponer a los agentes de la Policía, manifestando que el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible tiene “pocas luces” y “falta de profesionalidad”.
Pero SUP Baleares no ha sido el único sindicato que se ha pronunciado en contra de Puente, Alternativa Sindical de Policía (ASP), también ha criticado al ministro en su cuenta oficial de la red social X asegurando que es él (Óscar Puente) quien les está poniendo en el foco y que ellos no están para defender gobiernos.
“Señor Puente, con su tweet suma 2,4M de visualizaciones (y subiendo) a la matrícula. Luego se autocita mencionando la seguridad de los policías y le vuelve a dar difusión. Borre el tweet y deje fuera de sus guerras a los policías. Pd. Los policías no defendemos gobiernos (eso solo pasa en las dictaduras). Los policías defendemos los derechos y la vida de las todas personas (incluidas las que forman el gobierno)”, ha escrito SAP.
En el nuevo episodio de Casos Reales, José María del Río ha entrevistado al abogado y administrador Alejandro López Royo, fundador de López-Royo Abogados y Asesores Fiscales. En esta ocasión, López Royo explica un proceso de despido improcedente y reclamación de cantidad a una entidad declarada en concurso.
Las protagonistas del caso habían trabajado en la clínica dental desde 2007 y 2018, respectivamente. En enero de 2020, se les comunicó que pasarían a ser trabajadoras de la Entidad S.L., en virtud de una subrogación conforme al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que establece que en casos de sucesión empresarial, los nuevos empleadores deben respetar todos los derechos y obligaciones de los trabajadores.
Sin embargo, en diciembre de 2020, ambas recibieron cartas de despido alegando causas económicas, organizativas y productivas. Las indemnizaciones ofrecidas fueron inferiores a lo que legalmente les correspondía según sus salarios reales a jornada completa.
Alejandro López Royo, durante la entrevista. con José María del Río. (Imagen: Óscar Peña/E&J)
Posteriormente, en febrero de 2021, la Entidad S.L., fue declarada en concurso de acreedores y extinguida por un juzgado de lo mercantil de Madrid. Pese a esto, el centro de trabajo continuó operando.
En la entrevista, López Royo explica cómo este caso ejemplifica un claro fraude a la ley, utilizando la figura de la subrogación de manera indebida para evadir responsabilidades laborales y financieras. Según expone, a través de la subrogación, la administradora de la entidad intentó trasladar la relación laboral a una nueva entidad sin cumplir con las obligaciones de mantener las condiciones laborales y los derechos adquiridos por las trabajadoras. Ante dicha situación, este abogado solicitó que se reconociera la nulidad de los despidos y que se les pagara la indemnización correspondiente según sus salarios reales.
Si quieres saber si finalmente se les concedieron estas pretensiones a las protagonistas del caso, no dudes en ver la entrevista en el siguiente video:
La norma recoge el acuerdo alcanzado con CERMI
El Gobierno ha aprobado la reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores que permitirá eliminar como causa automática de extinción de la relación laboral el reconocimiento de la Incapacidad Permanente de la persona trabajadora.
La norma recoge el acuerdo alcanzado con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
La eliminación de la extinción automática del contrato en los casos en que la persona trabajadora accede a la situación de Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez permite proteger más eficazmente el empleo de las personas con discapacidad y cumple el mandato de las propuestas recogidas en el Libro blanco sobre empleo y discapacidad.
Para el Ministerio de Derechos Sociales esta medida supone un nuevo blindaje de los derechos de las personas con discapacidad y permitirá alinear nuestro marco laboral a los mandatos de la Convención de Discapacidad. El objetivo es ofrecer un empleo decente para las personas con discapacidad, eliminando una discriminación como la que suponía el despido automático en determinadas situaciones de discapacidad sobrevenida, priorizando opciones como la adaptación del empleo o el pase a otras funciones.
Así mismo, se van a desplegar las medidas contempladas en el Libro Blanco Empleo y Discapacidad para reforzar el acceso de las personas con discapacidad al empleo y ensanchar sus derechos, como se hizo en la reciente modificación del Artículo 49 de la Constitución Española.
Por tanto, será obligatorio que las empresas realicen los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejerzan su derecho al trabajo, incluso si acceden a la situación de discapacidad con posterioridad al inicio de su actividad profesional.
ELECCIÓN VOLUNTARIA
La modificación del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores, eliminará la referencia a la extinción automática por Gran Incapacidad, Incapacidad Permanente Absoluta e Incapacidad Permanente Temporal.
La posibilidad de extinguir el contrato, hasta ahora en manos de la empresa, se condiciona a la voluntad de la persona trabajadora que podrá solicitar:
El texto aprobado también establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y también, en su caso, si son razonables para el tamaño de la empresa.
FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 05-07-2016
Materia: Derecho Penal
Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el orden público
Número: 14077
Tipo de caso: Caso Judicial
Voces: Delitos contra el orden público, DESÓRDENES PÚBLICOS, El régimen de libre mercado como
presupuesto imprescindible para el ejercicio de las libertades económicas. El Derecho de la Competencia
como garantía de que las empresas compiten en igualdad de condiciones. La preservación de las condiciones de igualdad como regla de orden público., FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO, INMISIONES ILÍCITAS.
Documentos originales presentados
EL CASO
Supuesto de hecho.
Madrid., 05-01-2012
El caso involucra a la Sra. Ana Aladina, el Sr. Carlos Cabras y su hija menor, quienes residen en un edificio en Madrid, donde en la planta baja hay un bar especial llamado «Pub Fénix». Desde abril de 2011, la Sra. Aladina ha presentado numerosas denuncias ante el Ayuntamiento debido a los ruidos y vibraciones emitidos por el Pub Fénix, afectando su vida personal y profesional, así como la salud de su familia, incluida su hija menor, quien experimenta problemas de sueño y rendimiento escolar. Se han adjuntado informes médicos que respaldan estas afirmaciones.
Se realizaron mediciones por parte del Ayuntamiento y un técnico contratado concluyó que el local superaba los niveles de emisión permitidos por la ley. Otro informe técnico confirmó que el local no cumplía con la legislación medioambiental, recomendando un nuevo aislamiento acústico. A pesar de esto, el titular del bar no tomó medidas para solucionar el problema, incluido el incumplimiento de horarios de apertura.
El caso se presenta como un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, así como un delito de lesiones imprudentes, según el Código Penal español. Se argumenta que la acción del querellado ha infringido repetidamente la normativa aplicable y ha causado lesiones físicas y problemas de salud a los querellantes. Se solicita una indemnización civil por los daños causados.
Finalmente, se pide al juzgado que ordene al querellado prestar una fianza suficiente para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del caso, estableciendo una cantidad de 30.000 € como fianza prudencial.
Objetivo. Cuestión planteada.
El objetivo del afectado es buscar una compensación por los daños causados y que se garantice que el
querellado asuma las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse del caso y así poner fin a la situación de incomodidad y proteger sus derechos legales y su bienestar.
La estrategia. Solución propuesta.
La estrategia del abogado es la interposición de querella en contra del establecimiento.
EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL
Orden Jurisdiccional: Penal
Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de Instrucción y de Guardia.
Tipo de procedimiento: Procedimiento Ordinario.
Fecha de inicio del procedimiento: 05-01-2012
PARTES
Parte demandante:
Parte demandada:
Peticiones realizadas
Argumentos
A) Delito contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, conforme al artículo 325 del Código Penal, el cual castiga con penas de prisión, multa e inhabilitación especial a aquellos que, contraviniendo las leyes protectoras del medio ambiente, realicen acciones como emisiones, vertidos, radiaciones, entre otros, que afecten gravemente el equilibrio natural o la salud de las personas. Se establece una agravación de la pena si el perjuicio es para la salud humana. La conducta debe contravenir leyes o disposiciones protectoras del medio ambiente, y se considera un delito de riesgo, independiente de resultados lesivos concretos. El artículo 326 prevé circunstancias agravantes, como operar sin autorización, desobedecer órdenes administrativas, entre otras.
B) Delito de Imprudencia Grave con Resultado de Lesiones Graves, según el artículo 147 del Código Penal,
que penaliza causar lesiones que menoscaben la integridad física o mental de otro, requiriendo tratamiento médico o quirúrgico. El delito se consuma con la producción de lesiones que necesiten atención más allá de una primera asistencia facultativa. El nexo causal entre la conducta del querellado y las lesiones sufridas por los demandantes es esencial para establecer la responsabilidad penal.
Normas y artículos relacionados
Documental aportada
PRUEBA
Testifical:
Documental:
Pericial:
Estructura procesal
RESOLUCIÓN JUDICIAL
Fecha de la resolución judicial: 10-11-2014
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
A) El acusado es condenado por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, según el artículo 325 del Código Penal. Se le impone pena de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo, multa con cuota diaria y aplicación de medidas de inhabilitación para el ejercicio de cierto oficio.
B) Además, es condenado por tres delitos de lesiones conforme al artículo 147.1 del Código Penal, con pena de prisión y suspensión del derecho de sufragio pasivo.
C) En el aspecto civil, se le ordena pagar sumas específicas a las partes perjudicadas, determinadas según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil
D) Asimismo, se le impone el pago de las costas procesales, incluidas las derivadas de la acusación particular.
Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
A) La acreditación de los niveles de ruido en la vivienda de los acusadores no requiere mediciones específicas en el interior de la misma ni en horarios precisos, sino que cualquier medio de prueba válido puede demostrar niveles de ruido suficientemente concretos.
B) Se destaca la conducta de la acusadora, quien manifestó con claridad desde el principio los problemas de ruido que experimentaba debido a la actividad del pub regentado por el acusado. Su testimonio, respaldado por denuncias y acciones legales, se considera creíble y prueba suficiente del impacto del ruido en su vida cotidiana.
C) La intervención del perito, designado por el Ayuntamiento, proporciona pruebas objetivas de la transmisión del ruido desde el bar del acusado hacia la vivienda de los acusadores. Sus conclusiones son respaldadas por datos técnicos recopilados de manera imparcial.
D) Otro perito, respalda las conclusiones del primero, lo que refuerza la veracidad de los hallazgos sobre la inmisión de ruido en la vivienda de los acusadores.
E) A pesar de la intervención de un perito contratado por la defensa del acusado, sus argumentos no logran desacreditar las pruebas presentadas por los peritos.
F) Las conclusiones del perito se basan en evidencia sólida y no en conjeturas, demostrando que la emisión de ruido desde el bar del acusado superaba los límites permitidos por la ley.
G) Además del ruido proveniente de la música, también se considera la inmisión de ruido generado por un extractor de aire viciado y un equipo de aire acondicionado, corroborado por mediciones realizadas por los peritos.
H) Se constata que los niveles de ruido excedían los límites permitidos tanto en la vivienda como en espacios adyacentes, lo que constituye una infracción penal según el Código Penal y el Real Decreto.
SEGUNDA INSTANCIA
Tipo de recurso: Recurso de apelación
Recurrente: Querellado.
Fecha del recurso: 22-12-2014
Tribunal: Juzgado de lo Penal.
Prueba
No existe aportación de prueba en este caso.
Documentación
No existe aportación de prueba adicional.
RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL RECURSO
Fecha de la resolución judicial: 05-07-2016
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
El fallo parcialmente acepta el recurso de apelación presentado por el Ministerio Fiscal y la representación
procesal, contra una sentencia del Juzgado de lo Penal. Las penas son las siguientes:
Por el delito contra el medio ambiente:
Por cada uno de los tres delitos de lesiones:
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
1- El primer fundamento establece la aplicación del artículo 325.1 del Código Penal en su redacción vigente en el momento de los hechos, describiendo las penas para el delito contra el medio ambiente. Además, señala los cambios introducidos por la Ley Orgánica 1/2015.
2- El segundo fundamento desestima el recurso que solicitaba la revocación de la sentencia y una nueva
absolutoria. Se rechaza la alegación de vulneración de la presunción de inocencia y error en la apreciación de la prueba.
3- El tercer fundamento confirma la condena por delitos de lesiones debido a los ruidos excesivos procedentes del pub, que causaron daños a la salud mental de los afectados.
4- El cuarto fundamento declara que no se puede apreciar la atenuante de dilaciones indebidas, estableciendo los parámetros para su evaluación.
5- El quinto fundamento determina las penas impuestas, especificando las sanciones para el delito contra el medio ambiente y los delitos de lesiones.
6- El sexto y último fundamento declara que no se aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso de apelación, por lo que se declaran de oficio las costas de esta segunda instancia.
JURISPRUDENCIA
BIBLIOTECA
Libros
Artículos jurídicos
Casos relacionados
PUBLICADO EN EL BOCM 6 DE ABRIL DEL 2024
Este Despacho de Abogados López-Royo ha participado en la negociación del Convenio Colectivo de Hostelería en defensa de los intereses de Noche Madrid, junto a los otros dos patronales, Hostelería Madrid y AMERC, y los dos sindicatos mayoritarios del sector, CCOO y UGT.
La negociación de este Convenio ha supuesto la asistencia a más de treinta reuniones en las distintas sedes y se ha traducido en un amplio y detallado convenio que va a afectar a este sector en los años 2023, 2024 y 2025 en toda la Comunidad de Madrid.
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/BOCM-20240406-Conv-hosteleria.pdf
El letrado explica las dificultades legales con las que se encontró:
En este nuevo episodio de Casos Reales, el nuevo programa de Economist & Jurist donde los letrados dan las claves de cómo han ganado sus procedimientos, José María del Río, director del departamento legaltech, entrevista a Alejandro López Royo, socio director y abogado de Guidalex LR S.L., cómo consiguió vencer al sistema de seguridad social español.
En el mundo complejo de las disputas legales y los desafíos de la seguridad social, cada caso cuenta una historia única. En esta ocasión, nos adentramos en un caso de suma importancia y relevancia social que nos lleva a explorar la lucha de este abogado en defensa de los derechos de un ciudadano frente a la complejidad del sistema de seguridad social español.
El caso se remonta a abril de 2019, cuando la demandante inició una baja por incapacidad temporal debido a una enfermedad común. Después de 365 días, se le concedió una prórroga de 180 días. Sin embargo, en octubre de 2020, la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) emitió el alta médica, desencadenando una batalla legal.
En el informe se destaca la falta de evaluación adecuada de las dolencias de la demandante, que incluyen hernias discales, problemas cervicales, migrañas y trastornos mentales. Estas condiciones no solo afectan a su salud física y mental, sino que también plantean serias dudas sobre su capacidad para desempeñar su profesión como educadora infantil.
En su reclamación, se argumenta que estas dolencias no solo imposibilitan a la demandante para su trabajo, sino que también podrían poner en peligro a los menores a su cargo. Además, sostiene que las patologías reducen significativamente su rendimiento laboral, hasta en un 33%. Estos argumentos fueron fundamentales para respaldar la necesidad de que percibiera una prestación económica debido a su incapacidad. ¡No te pierdas esta entrevista! Podrás conocer más detalles sobre este caso que ha puesto de relieve los desafíos y oportunidades en el sistema de seguridad social. Acompáñanos en este viaje hacia la justicia y la equidad.
FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 24-05-2023
Materia: Derecho Social
Especialidad: / Derecho Social / Seguridad Social
Número: 14040
Tipo de caso: Caso Judicial
Voces: ACCIDENTE LABORAL, LESIONES, Protección de la salud, PROTECCIÓN DE LA
SALUD, Seguridad y salud, TRATAMIENTO MÉDICO O QUIRÚRGICO
Documentos originales presentados
EL CASO
Supuesto de hecho.
Madrid., 27-11-2020
En abril de 2019, la demandante inicia una baja por incapacidad temporal por enfermedad común. Después de 365 días, se le concede una prórroga de 180 días. En octubre de 2020, la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social emite un alta médica, a lo que se presenta una Reclamación Previa desestimada. La reclamación se basa en la falta de evaluación de las dolencias del demandante, que incluyen hernias discales, problemas cervicales, migrañas y trastornos mentales. Se argumenta que estas dolencias afectan su salud física y mental, imposibilitándolo para su profesión de Educadora Infantil. Además, se sostiene que trabajar en su estado actual podría poner en peligro a los menores a su cargo. Subsidiariamente, se afirma que las patologías reducen al menos un 33% su rendimiento laboral. La base reguladora mensual es de 2,100 €, con efectos económicos a partir del 24 de septiembre de 2020, fecha del alta médica.
Objetivo. Cuestión planteada.
El objetivo del demandante es obtener el reconocimiento de una Incapacidad Permanente Total para su
profesión habitual como Educadora Infantil. Su intención es que se considere que sus condiciones de salud, que incluyen hernias discales, trastornos mentales, y otras dolencias, le impiden desempeñar adecuadamente las tareas fundamentales de su trabajo, además de plantear preocupaciones sobre la seguridad de los niños a su cargo.
La estrategia. Solución propuesta.
La estrategia del abogado consiste en presentar una reclamación basada en la falta de evaluación adecuada por parte de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El procedimiento judicial
Partes
Parte demandante:
Victoria Gómez.
Parte demandada:
La Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Peticiones realizadas
Las peticiones principales de la parte actora son el reconocimiento de la incapacidad permanente total, la
revisión del alta médica y la consideración de las limitaciones funcionales.
Argumentos
Falta de Evaluación Detallada:
Se argumenta que la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social no ha
realizado una evaluación adecuada de las dolencias y lesiones del demandante. Se destaca que esta falta de evaluación es la base de la reclamación.
Impacto de las Patologías en la Capacidad Laboral:
Se detallan múltiples patologías que afectan tanto la salud física como mental del demandante. Estos
problemas de salud incluyen hernias discales, trastornos cervicales, migrañas, síndrome miofascial, entre
otros, y se argumenta que estas condiciones tienen un impacto significativo en su capacidad para realizar su trabajo como Educadora Infantil.
Riesgo para la Seguridad de los Menores:
Se sostiene que, debido a las limitaciones funcionales y de salud del demandante, su desempeño en la profesión de Educadora Infantil podría poner en peligro la integridad física de los niños a su cuidado. Este
argumento subraya la importancia de considerar la seguridad en el entorno laboral.
Imposibilidad de Realizar Tareas Básicas de la Profesión:
Se argumenta que las condiciones de salud del demandante le impiden realizar tareas fundamentales de su profesión, como levantar y cargar con niños, mantener posturas repetitivas y realizar actividades que requieren fuerza y atención.
Impacto en el Rendimiento Laboral:
Se indica que, subsidiariamente, las patologías reducen al menos un 33% el rendimiento laboral del
demandante, lo que afecta negativamente la productividad y eficacia en su trabajo.
Normas y artículos relacionados
Documental aportada
DOCUMENTAL.
Consistente en se Oficie al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y a la a fin de que remita todo el Expediente Administrativo Tesorería Judicial de la Seguridad Social de Doña Victoria Gómez y
con entrega de una copia adicional a esta parte.
PERICIAL:
Consistente en que se Oficie a la Clínica Médico Forense para que, por el Especialista en Medicina del
Trabajo, sea reconocida mi mandante, emitiendo el oportuno Informe sobre su estado médico, detallando las lesiones médicas que padece, sus limitaciones orgánicas y funcionales y repercusión en su vida laboral, y si éstas derivan de una enfermedad común, dando copia del mismo a esta parte, en virtud de los artículos 47.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y artículos 234.2 y 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con al menos 15 días de antelación a la celebración del acto del Juicio Oral.
Prueba
Prueba documental y pericial aportada por la parte actora.
Estructura procesal
Demanda Inicial:
Presentación de la solicitud de incapacidad permanente por parte de la demandante ante el INSS.
Resolución del INSS:
El INSS emite una resolución en fecha 29/3/2021 denegando la prestación de incapacidad permanente a la demandante. Esta decisión se basa en la consideración de que las lesiones no alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral.
Reclamación Previa:
La demandante, en desacuerdo con la resolución del INSS, presenta una reclamación previa el 29 de marzo de 2021.
Sentencia del Juzgado de lo Social:
El Juzgado de lo Social número 2 emite una sentencia en fecha 13 de junio de 2022, autos nº 1320/2020,
desestimando la demanda y ratificando la decisión del INSS.
Recurso de Suplicación:
Presenta un recurso de suplicación impugnando la sentencia del Juzgado de lo Social.
Fallo y Condena:
El fallo del Tribunal condena al INSS y Tesorería General de la Seguridad Social a cumplir con la resolución, reconociendo a la demandante la prestación correspondiente consistente en el 55% de la base reguladora de 956,75 euros, con efectos desde el 09-02-2021, considerando las mejoras y revalorizaciones legales pertinentes.
Resolución Judicial
Fecha de la resolución judicial: 13-06-2022
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
La sentencia desestima la demanda presentada por Dña. Victoria Gómez contra el INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. En consecuencia, absuelve a las demandadas de las pretensiones que contra ellas se dirigen.
Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
PRIMERO: Se establece que los hechos probados se han derivado del expediente administrativo, la
documentación presente en el caso y el informe del médico forense, cumpliendo así con el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
SEGUNDO: La parte demandante impugna la resolución del INSS del 29/3/2021, que le denegó la prestación de incapacidad permanente. La base de la denegación se centra en que las lesiones no alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral, y la actora argumenta que sus dolencias le impiden realizar total o parcialmente su profesión de Educadora Infantil. Se destaca que la profesión de la demandante es Educadora Infantil, según consta en las nóminas y carta de despido presentadas.
TERCERO: Se hace referencia al artículo 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015, que establece la
clasificación de la incapacidad permanente en distintos grados en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado. Se especifica que, para determinar el grado de invalidez, se deben
considerar las limitaciones que representan las lesiones en relación con el desarrollo de la actividad laboral. Se menciona la clasificación de la incapacidad permanente total cuando el trabajador está inhabilitado para realizar las tareas más importantes de su profesión.
CUARTO: Se presenta el informe del médico evaluador que enumera las patologías que padece la actora,
incluyendo fibromialgia, síndrome miofacial-hipersensibilidad, migraña crónica, cefalea por abuso de
medicación analgésica, incontinencia de esfuerzo, parestesias en manos, protusiones discales cervicales y
trastorno adaptativo con sintomatología ansiosa.
Segunda instancia
Tipo de recurso: Recurso de suplicación
Recurrente: Demandante.
Fecha del recurso: 29-07-2022
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Prueba
No hay aportación de pruebas adicionales por ninguna de las dos partes.
Documentación
Documentación aportada en primera instancia.
RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL RECURSO
Fecha de la resolución judicial: 24-05-2023
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
Considerando el recurso de suplicación presentado por la parte actora en representación de Dña. Victoria
Gómez contra la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social en fecha 13 de junio de 2022, se revoca la
mencionada sentencia. Se declara a la demandante en situación de incapacidad permanente total para su
profesión habitual de educadora infantil. Se condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social a acatar y cumplir con esta resolución. Asimismo, se ordena el abono a la demandante de la prestación correspondiente, la cual consiste en el 55% de la base reguladora de 956,75 euros, con efectos a partir del 09-02-2021, sin perjuicio de los topes que pudieran establecerse legal o reglamentariamente, y considerando las mejoras y revalorizaciones legales aplicables.
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
PRIMERO: Se establece que los hechos probados se han extraído del expediente administrativo, la
documentación presente en autos y el informe del médico forense, en cumplimiento del artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
SEGUNDO: La parte actora impugna la resolución del INSS de fecha 29/3/2021, que le denegó la prestación de incapacidad permanente. La negación se basó en que las lesiones no alcanzaban un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral, mientras que la actora argumenta que sus dolencias le impiden llevar a cabo total o parcialmente su profesión de Educadora Infantil. Se destaca que la profesión de la demandante es la de Educadora Infantil, como se evidencia en las nóminas y carta de despido presentadas.
TERCERO: Se hace referencia al artículo 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Este artículo establece la clasificación de la incapacidad permanente en distintos grados en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, evaluado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente. Se mencionan los grados de incapacidad permanente parcial, total, absoluta y gran invalidez como determinados por la legislación.
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